El Gran Sucio Secreto de la EPA
Por Peter C Glover
La Agencia de Protección Medioambiental (EPA por sus siglas en inglés) es objeto de una demanda judicial.
Actuando aún con la prepotencia típica de la OPEP e impunidad despótica, la EPA insiste en atar al motor económico de EEUU –su sector energético- con trabas burocráticas. Aún más, desde este mes, anunció que va a regalar más dinero público a quienquiera que pueda asegurar que lleva a cabo “justicia medioambiental”, lo que quiera decir eso. A pesar de toda la detestada tiranía de la OPEP, aunque sea ha producido algo útil. No se puede decir lo mismo de la quasi-ONG que es la EPA, sin embargo.
La EPA ya se enfrenta a grandes problemas en un juzgado federal y el Congreso por la acusación de que experimentó con seres humanos a largo de la última década. En base a documentos dados a conocer a través del Freedom of Information Aact, la EPA está siendo acusada de exponer a cientos de personas a lo largo de la última década a niveles extraordinariamente altos de contaminantes del air, incluyendo emisiones del diesel y una materia de partícula conocida por PM2.5. Los experimentos se realizaron en la escuela de medicina de la Universidad de Carolina del Norte. No es lo que se espera de una agencia que “protege y sirve”.
Ignorado por mucha de la prensa tradicional, la excelente página web de Steve Milloy Junk Science ha subrayado este punto. Milloy explica que “muchos de los sujetos estudiados tenían dolencias de salud: asma, síndrome metabólico, y eran de edad avanzada (hasta 75 años). Teniendo problemas económicos, se inscribieron en el programa por $12 la hora”. Como dice Milloy, la EPA empezó a restringir el uso de PM2.5, un componente principal de las emisiones de diesel, en 1997, después de descubrir que estar expuesto a este durante mucho tiempo podría ser mortal. Pero la EPA además apretó más las leyes en 2004 y dijo que el PM2.5 podría ser letal inclusive en caso de estar expuesto en un plazo corto. La administradora de la EPA Lisa Jackson inclusive testificó ante el Congreso en septiembre de 2011 que “la materia de partículas puede causar muerte prematura. No te enferma. Es directamente la cause de morir antes de lo que debieras”.
Cuando la administración de Ronald Reagan descubrió que se realizaban experimentos similares, actuó inmediatamente para prohibirlos. No se ha hecho lo mismo en el caso de la EPA. Pero si la demanda judicial declara culpable a la EPA, podría empezarse una investigación criminal. Y el caso como tal arroja otra posibilidad ideológica: como ingenieros sociales de extrema izquierda- esos que tanto se pavonean diciendo que actúan por el bien común- tan fácilmente se permiten tratar a las personas como ratas de laboratorio. Es una filosofía moral no tan lejana de la de los Socialistas Nacionalistas de Alemania que también aseguraron estar actuando por el bien común.
Aunque el desenlace de la demanda falta por verse, un nuevo estudio le está trayendo más malas noticias a la EPA. El reporte, Economic Implications of Recent and Anticipated EPA Regulations Affecting the Electricity Sector, asegura que las regulaciones que afectan a la industria del carbón en EEUU eliminarán del sector 1,5 millones de trabajos a lo largo de los próximos cuatro años. Hasta los demócratas de West Virginia han dicho estar “aterrados” con la agencia por la amenaza potencial seria contra los empleos mineros del estado. Realizado por el National Economic Research Associates a nombre de la American Coalition for Clean Coal Electricity, el informe advierta que las regulaciones de la EPA podrían costar entre $200.000 y 220.000 millones entre 2013 y 2034. Estos costos exorbitantes, según el informe, implican que las regulaciones de la EPA llevarían directamente al cierre de entre 54.000 y 69.000 MW de capacidad de carbón. Eso a su vez se traduciría en 1,5 millones de trabajos en los próximos cuatro años. Aunque el informe no toma en cuenta el impacto de la sustitución a gas natural, aún así argumenta bien el caso.
Las regulaciones de la EPA conciernen al medio ambiente y específicamente a reducir las emisiones de carbón. Pero el hecho es que las emisiones de EEUU han disminuido mucho en los últimos años gracias al cambio hacia gas natural por los bajos precios y sin ninguna ayuda de las regulaciones de la EPA. Además, la EPA considera el carbón y sus emisiones como el enemigo número uno. Pero lejos de lograr su objetivo, la ley de consecuencias sin intensión sale a juego. Más y más carbón nacional se está exportando a Europa. Considerando los altos costos de la EPA que pretende imponer recortes de emisiones costosos sobre la industria del carbón de EEUU, resulta que las emisiones serán simplemente exportadas.
Y esto nos lleva a la trama más reciente de la EPA para regalar $1,5 millones de su generosidad para promover “la justicia medio ambiental” y fomentar la creación de empleos en la industria de cuello verde.
Y se acordarán de cómo “la esperanza y el cambio” promoverían un futuro de millones de empleos verdes. Pues como la fusión fría y los coches eléctricos, parece que los empleos verdes siempre seguirán siendo la próxima gran cosa. Aún así, gracias a la Oficina de Justicia Medioambiental de la EPA, ayudas de hasta $30.000 se están dando a cualquier que pueda asegurar construir “comunidades saludables, sostenibles, y verdes” o crear “empleos de cuello verde”.
Quién determina qué constituye y qué no “justicia medioambiental” por supuesto todavía es cuestión de un debate fuerte e ideológico. Pero aceptémoslo, la cuasi-ONG no electa que es la EPA, responsable de peligrosa experimentación con humanos, de imponer trabas políticamente motivadas a la industria, y de administrar aún más dinero sin transparencia, no es para nada una agencia en forma para su propósito.
