Subsidiando La Muerte de Aves: La Industria Eólica Está de Cumplir Leyes por Matar Animales

Por Robert Bryce

El mes pasado el senador Michael Bennet, Demócrata de Colorado, reprendió a sus colegas por no extender el crédito fiscal a la producción (CFP), un subsidio de 2,2 centavos por kilovatio por hora a la energía eólica que expira a principios de año. Bennet dijo que sin el subsidio, la industria de viento, que describió como “un estímulo económico creador de empleos”, sufriría un “golpe devastador”.

Pongamos de lado por un momento el argumento subjetivo de Bennet –y la industria eólica- relacionado a la creación de empleo y asumamos una realidad inobjetable: ninguna otra industria energética recibe tanto trato preferente como la eólica.

De hecho, quizás ningún otro sector de la economía de EEUU reciba tanto trato preferente. La industria eólica no solo recibe el CFP, también goza de mandatos que afectan a dos tercios de la población de EEUU, y una inmunidad de facto de cumplir algunas de las leyes más antiguas de protección de especies animales. Es ese tema el que más me molesta, pero a eso vuelvo más adelante.

Primero, hablemos de subsidios. En base a una unidad de energía producida, el CFP subsidia 12 veces más a la energía eólica que al sector de petróleo y gas, y 6,5 veces más que al sector nuclear. Los beneficios fiscales del sector eólico equivalen a $1,540 bpd, mientras que al sector de hidrocarburos a $127 bpd y al nuclear $238 bpd, utilizando datos publicados por BP y la oficina presupuestal del Congreso.

Quienes apoyan a la energía renovable a menudo dicen que las fuentes tradicionales de energía reciben trato fiscal preferente. Y aunque eso puede que sea cierto, no hay requerimientos a nivel federal o estatal para que los consumidores usen carbón, petróleo, o gas natural. No hay razón por la que el sector eólico se beneficie de los subsidios directos y de los indirectos que vienen de esos requerimientos.

Y sobre la creación de empleo, cada puesto de trabajo en el sector eólico está subsidiado con al menos $32,900 anuales, al dividir subsidios por puesto creado, pero puede ser mucho más alto. En diciembre de 2010, Susan Combs, la contralora de Texas, dijo que cada puesto le costaba al estado $1.6 millones.

O consideren la forma más egregia de estado de bienestar del sector eólico: el proyecto eólico Shepherds Flat en Oregón que recibirá $490 millones como ayuda en efectivo del gobierno federal. El proyecto, respaldado por General Electric, Google, y otras empresas, creará solo 35 empleos permanentes.

Y aunque todos estos factores son importantes, el ejemplo más sorprendente de trato preferente involucra dos de las leyes de protección de vida silvestre más antiguas del país: el Tratado de Aves Migratorias y la Ley de Protección de Águilas.

El año pasado, el periódico Los Angeles Times reportó que unas 70 águilas doradas mueren cada año golpeadas por turbinas de viento en Altamonte Pass en el centro de California. En total, de acuerdo al Servicios de Pesca y Vida Silvestre, unos 440,000 pájaros mueren cada año en las turbinas. Y casi la mitad de ellos están protegidos por leyes federales.

Al exceptuar a la industria eólica de las leyes que protegen a las aves, el gobierno federal está dando a la industria eólica un subsidio adicional. Otras empresas energéticas han tenido que pagar multas costosas e invertir para mitigar el impacto contras las aves. Por ejemplo, en 2009 ExxonMobil se declaró culpable en un juzgado federal por cargos de matar 85 aves –todas protegidas por la legislación de aves migratorias. La empresa accedió a pagar $600.000 en multas y costos por las muertes, las que estuvieran expuestas a tanques descubiertos con hidrocarburos y aguas residuales de empresas en cinco estados.

Y sin embargo, a pesar de las muchas muertes con turbinas de viento, la industria no ha sido investigada ni una sola vez por el gobierno. Hay una doble cara perniciosa. A lo largo de las últimas dos décadas, el Departamento de Interior ha llevado a juicio cientos de casos contra la industria de petróleo y gas por las leyes arriba mencionadas, pero las autoridades federales están ignorando el otro problema presumiblemente porque la industria eólica es “verde”.

Las agrupaciones ecologistas están empezando a entender la amenaza que representa la industria eólica a la vida silvestre y están tomando medidas legales. Los Center for Biological Diveristy, Sierra Club, y Defenders of Wildlife han demandado al condado de Kern, California para lograr bloquear la construcción de dos proyectos eólicos –North Sky Riber y Jawbone- a raíz de su preocupación por el impacto sobre la población de aves locales.

Y el problema pueda que empeore mucha más. La semana pasada, el American Bird Conservancy, que ha liderado la lucha por imponer medidas más estrictas para la ubicación de molinos de viento, se quejó en una nota de prensa de que el Departamento de Interior aprobara los proyectos eólicos de Chokecherry y Sierra Madre en Wyoming.

El coordinador de temas eólicos del grupo Kelly Fuller dijo que los nuevos proyectos estaban “encaminados a convertirse en el parque eólico más letal para las águilas del país”. El ABC ha propuesto ante el Servicio de Pesca y Vida Silvestre que cree regulaciones que protejan mejor a las aves migratorias.

A pesar de la presión de grupos ecológicos, el Departamento de Interior ha sugerido que permitirá a la industria eólica estar exentas durante 30 años de cumplir las leyes que protegen a las aves.

Mientras el CFP siga en pie, los contribuyentes estarán de hecho subsidiando la matanza de vida silvestre federal. Y esa puede que sea el peor de todos los subsidios.

Robert Bryce is a senior fellow at the Manhattan Institute. This article is a shortened version of a recent report he did for the think tank. The full report is available here.